Una de las profesoras agraviadas es Hortencia García Camizán, quien pretende ocupar una plaza en la Institución Educativa Primaria N° 16942 del caserío Cerro Bravo, en el distrito de Namballe.
Ella solicitó a esa casa superior de estudios la confirmación de algunos documentos académicos de la docente Sarela Antonia Peña Saucedo, quien le habría arrebatado ilegalmente el primer puesto para su nombramiento.
Las sospechas comenzaron cuando la Comisión Evaluadora le negó el derecho a revisar el expediente de su contendora, pues ya tenía información sobre la existencia de documentos irregulares.
Ante esta negativa, por parte de la Comisión Evaluadora, Hortencia García, a través de su abogado, obtuvo copias fedateadas (certificadas) para su legal verificación.
La Universidad Nacional de Cajamarca en forma inmediata investigó la legalidad de los documentos, y determinó que en su archivo no se registra haber otorgado certificación alguna a Sarela Antonia Peña Saucedo, por los tanto, los documentos habidos en su expediente son falsos.
Con estas pruebas, la profesora agraviada pasará a un proceso contencioso administrativo, pretendiendo recuperar la plaza que en forma ilegal le ha sido arrebatada.
La Policía Anticorrupción puso al descubierto el ‘tráfico de certificados’ que circulaba en Cajamarca y del que se valieron muchos profesores para sumar puntos en la fase de evaluación del expediente y alcanzar el tan ansiado nombramiento.
La denuncia que formuló la Policía Anticorrupción generó que el director regional de Educación de Cajamarca, Samuel Fernández Tirado, anunciara la suspensión del proceso de adjudicación de plazas del concurso de nombramiento.
